Francesc Perearnau 18/02/2014 13:32 fuente MD
La justicia brasileña ha absuelto de cualquier cargo a Sandro Rosell. El juez encargado del caso Ailanto en el que se acusaba al ex presidente del Barça de falsedad documental en la preparación del amistoso Brasil-Portugal ni siquiera ha practicado diligencias.
En relación al amistoso entre esas dos seleccions, celebrado en Brasilia el año 2008, la Fiscalía de Brasilia solicitó al juez el inicio de un procedimiento penal contra José Roberto Arruda (que fue gobernador del Distrito Federal), Aguinalgo Silva de Oliveira (entonces Secretario de Deportes del Distrito Federal) y Fabio Simao (entonces Presidente de la Federación de Fútbol de Brasilia) por presunta contratación de dicho encuentro sin cumplir con el procedimiento de licitación pública, al entender la Fiscalía que no se daban todos los requisitos necesarios para eximir de tal licitación.
En el mismo informe de Fiscalía se incluía también a Sandro Rosell, en su condición de legal representante y propietario del 99% del capital de la empresa Ailanto Marketing. Rosell adquirió Ailanto ante la necesidad de que fuera una sociedad brasileña quien organizase dicho encuentro. Esta empresa recibió la cesión de los derechos de Brasil y Portugal que poseía Bonus Sport Marketing, a su vez propiedad de Sandro Rosell.
La acusación contra Sandro Rosell se basó en la presunta aportación de documento falso, al haberse incluido entre las actividades deportivas realizadas por Ailanto Marketing algunos eventos relevantes que habían sido realizados por Sandro Rosell a través de la otra sociedad de su propiedad, Bonus Sports Marketing. Dicho listado de eventos formaba parte de la documentación presentada a la administración pública en el expediente de dicho contrato, si bien tal presentación no se requiere legalmente.
La adjudicación y celebración de este mismo partido entre selecciones dio lugar a un procedimiento judicial civil, en el que también resultó demandado Sandro Rosell, que se remonta a hace siete años y que finalizó con un documento exculpatorio y el archivo del caso sin que se hayan derivado responsabilidades.
A pesar de que ya se había cerrado el caso por la vía civil, por razones seguramente políticas, ajenas por completo a la participación de Rosell en la celebración de un amistoso, el caso se abrió por la vía penal con la presentación de una querella por el mismo delito de presunta falsedad documental.
El abogado de Sandro Rosell en Brasil, Antenor Madruga siempre había defendido que la denuncia de que hubo falsedad documental y dispensa ilegal de licitación era “irresponsable y vergonzosa”. Según el letrado, el atestado que comprueba la capacidad de Ailanto “no es falso y la comprobación no era determinante para la contratación”.
La defensa ha mantenido que el punto central era la propiedad de los derechos del partido entre Brasil y Portugal. “Es una cuestión de propiedad, no de capacidad. O se adquirían los derechos de ambas selecciones, propiedad de Ailanto Marketing, o el partido no se jugaba”, decía,, a su criterio convirtiendo en un sin sentido cualquier procedimiento de licitación pública, como lo sería cualquier otro en que jurídicamente y desde el inicio no hubiera más que un único posible ofertante.
Madruda afirmaba que la capacidad técnica era de Sandro Rosell, propietario de Ailanto y de Bonus Sports Management, como se especificó en el documento de capacidad. “Es indiscutible que Sandro y Bonus (Sports Marketing y, por consecuencia Ailanto Marketing, tenían capacidad. El partido fue un éxito tanto organizativo y deportivo como social”.
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